El Partido Popular ha alertado del “elevado coste social” que tendrá para los ciudadanos de Vila-real “el capricho del señor alcalde” de cambiar la ubicación de la Ciutat Municipal de l’Esport. Esta decisión podría retrasar casi un año el final de los trabajos de este complejo deportivo, “siempre que el equipo de gobierno cumpla con los plazos que marca la legislación”.
El edil Alfredo Sanz ha explicado que, en este momento, no se dispone de un proyecto para el actual emplazamiento por lo que será necesario “sacar a concurso el nuevo proyecto, aprobarlo, sacar la obra a licitación y después adjudicarla”. “Esto son, como mínimo, entre seis y ocho meses de trámites administrativos, lo que impedirá que los vila-realenses puedan disfrutar de unas instalaciones necesarias y que, si se hubiera continuado con el actual proyecto, hubieran estado totalmente finalizadas a mediados del próximo año 2012” , ha asegurado el concejal popular.
Además, el edil del Partido Popular ha recordado el elevado coste económico que comporta esta decisión. Sanz ha expresado que, en este momento, existen ya dos certificaciones de obra, por las que se han pagado un total de 328.320,36 €, correspondientes a los trabajos realizados en el actual emplazamiento. Además, Sanz ha indicado que si el equipo de gobierno rescinde el contrato con la empresa adjudicataria deberá abonar, como mínimo, el 6% que marca el proyecto, que podría ascender a otros 300.000 euros.
Por último, Alfredo Sanz ha asegurado que los terrenos junto al Hospital de La Plana en los que se pretende construir la Ciutat Municipal de l’Esport “tampoco son de propiedad municipal”. “Tenemos una obra adjudicada en un suelo que, efectivamente, en estos momentos no es municipal, pero se tiene el permiso del propietario para llevar a cabo esas obras. Si el equipo de gobierno hubiera pedido su cesión al propietario del suelo, este ya sería propiedad municipal”, ha recalcado el concejal del PP.
Además, el edil popular ha indicado que de los 70.000 m2 , un total de 35.000 m2 son zona verde, los cuales están atravesados por dos líneas de alta tensión. “Son los mismos condicionantes que utilizaba el señor Benlloch para justificar el cambio de ubicación”, ha recordado Sanz, quien ha remarcado que de esos 35.000 m2 que quedan, hay dos propiedades que se tienen que expropiar y “ese proceso no se hace ni en una semana ni en dos meses”.
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